El proceso de paz con la Farc trae consigo innumerables retos en la implementación de los acuerdos, como los temas de justicia, tierras y participación en política, entre otros. Sin embargo, el desafío también incluye incorporar y darle mayor relevancia a regiones y zonas alejadas que por años padecieron los rigores del conflicto.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo se ha establecido que en los próximos 15 años se deben invertir $129,5 billones de recursos públicos para transformar la vida rural y cerrar la brecha con el modelo urbano. Pero esos recursos, al parecer, no son suficientes y será necesario no solo priorizar inversiones públicas, sino también modificar el mapa de la geografía del sector privado, para que tengan como alternativa de inversión esas zonas.

El Gobierno ha venido preparando estímulos para que las empresas inviertan en esas zonas y generar ejes de desarrollo productivo y nuevos proyectos en las regiones.

En la reforma tributaria de finales de 2016 se dieron los principales impulsos. Por ejemplo, se creó un mecanismo para que empresas nuevas se instalen en las denominadas zonas más afectadas por el conflicto (Zomac) –que corresponden a 344 municipios y representan cerca de 53% del país– con una reducción de impuesto de renta por 10 años, dependiendo del tamaño de las compañías.

Están excluidas de ese beneficio empresas extractivas mineras, petroleras y las concesiones portuarias, pero sí pueden participar las compañías que les proveen servicios.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El segundo componente es el de obras por impuestos, un mecanismo nuevo en Colombia y que ya funciona en Perú. Consiste en que las empresas, en lugar de pagar impuestos directamente al gobierno central, puedan desarrollar obras en las zonas donde operan. Es un cambio de plata por proyectos que pueden hacerse en plazos mucho más cortos que los planteados en la agenda pública.

El Gobierno expidió un decreto que busca reducir las incertidumbres del sector empresarial para meterse en ese esquema, pues aunque empresarios han manifestado las bondades del mecanismo, también han expresado preocupación 

Se identificaron seis sectores en los que se pueden hacer las obras –alcantarillado, energía, educación, agua potable, infraestructura vial y salud– y las iniciativas estarán radicadas en un banco de proyectos de la Agencia de Renovación Territorial y pueden surgir como iniciativas de entidades públicas, entes territoriales, el gobierno nacional o también de las empresas.

La Ley establece que debe aprobarse un Confis para obras por impuestos, que está programado para antes de finalizar enero. Sin embargo, un paso previo fue la aprobación por parte del gabinete de Posconflicto de un cupo y el monto que se definió fue de $250.000 millones.

En obras por impuestos pueden participar empresas que tengan más de $1.000 millones de ingresos brutos al año y pueden escoger ese mecanismo hasta por 50% del impuesto, o proyectos que superen ese 50% y que tengan que diferirse a varios años en cuotas anuales de 10% durante un periodo de 10 años.

La empresa tiene que constituir un encargo fiduciario por el valor del proyecto que puede incluir el costo de la estructuración y un costo posterior que es el de mantenimiento de proyecto. Según cifras del Ministerio del Posconflicto, en total hay cerca de 960 proyectos identificados –35 de dotación y 923 de infraestructura– por un valor que supera los $7,5 billones. En etapa III (de factilibidad) para infraestructura hay 25 iniciativas privadas y otras 285 entre entidades nacionales (126) y entes territoriales (159), por un valor de $2,7 billones. Además, hay 29 proyectos de dotación, cuya inversión supera los $25.000 millones.

“Hay una alta concentración de proyectos viales de distintas empresas. Cementeras, mineras y dos grandes empresas públicas –Ecopetrol y EPM– tienen varios proyectos listos para empezar y tendrían mucho interés en el modelo. En el Perú los que más han utilizado el esquema de obras por impuestos son, en su orden, el sector minero, el sector financiero y en tercer lugar el cervecero”, agrega Pardo.

Si bien el modelo ha despertado interés empresarial, serán necesarias lo que algunos han llamado “victorias tempranas” que demuestren la efectividad del proceso y la conveniencia para las empresas que si cristalizan las obras y los efectos positivos en las regiones, pueden tener no solo un impacto favorable, sino también un alto valor reputacional.

Las dudas

 

Foto: Rafael Pardo, ministro de Posconflicto.

El Ministerio del Posconflicto respondió a las principales dudas que han manifestado los empresarios en el proceso.

¿Cómo queda el proceso de cara a la obligación tributaria?

Una vez constituida la fiducia, la Dian considera que esa obligación tributaria se suspende mientras se entrega la obra. La obligación se extingue cuando se entrega la obra a satisfacción. Durante el periodo de construcción se suspende y cuando se entrega la obra se extingue.

¿Y ante los entes de control?

Durante todo el periodo de construcción los recursos que están en encargo fiduciario son considerados recursos privados, por lo tanto son de la empresa y no son susceptibles de control por parte de entes de vigilancia.

¿En qué momento son recursos públicos?

Son públicos cuando se entrega la obra y pasa al Estado; es decir, se transfiere la obra al gobierno nacional. El gobierno nacional puede determinar si va a una entidad territorial o a una empresa industrial y comercial del Estado, según como sea. Por ejemplo, si es una vía, puede ir al municipio, departamento o al Invías.

¿Qué pasa si hay siniestralidad en algún proyecto?

La empresa es la que escoge el proyecto. El Gobierno solo le dice que está bien el presupuesto, se pone una interventoría y la empresa asume los riesgos y la construcción. Contrata con un constructor o lo construye por su cuenta y asume todos los riesgos.

¿Y si no sale?

Es riesgo de la empresa. Hay casos especiales para fuerza mayor, pero algunos empresarios nos seguían diciendo que fuerza mayor no es suficiente. Lo que dijimos es que en la primera fase la empresa va a estructurar un esquema de riesgos y dejamos un colchón para contingencias que no se puedan determinar como fuerza mayor. Lo que tratamos fue mitigar esos riesgos que no necesariamente van a ser considerados como fuerza mayor.

¿Están incorporados los temas de consultas y licencias ambientales para proyectos, como por ejemplo de vías?

En etapa tres vamos a incorporar proyectos que ya tengan incluidos estos temas.

Además de impuesto de renta ¿Puede extenderse a otras modalidades?

Si esto funciona podría extenderse a otras modalidades, como por ejemplo regalías. No solamente impuesto de renta si no regalías. En regalías las empresas podrían aplicar, pero habría que cambiar la ley.

¿Dejarían algún proyecto presentado?

No, nuestro esfuerzo es que esto funcione.

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